
En vez de preguntarnos qué procurador queremos, es más importante responder qué PGR necesitamos. La institución, apéndice de la Presidencia de la República, fue creada en un contexto en el que lo importante no era procurar la justicia con base en pruebas y leyes, sino investigar y perseguir según el criterio del Poder Ejecutivo.
Por eso, independientemente de quién sea el procurador, la PGR está a merced de la política y de los intereses particulares, de los influyentes capaces de incidir en los cálculos de poder. La fabricación de pruebas en el caso Acteal, recién evidenciada por la Suprema Corte, es sólo un ejemplo.
Y cuando el contexto estaba puesto para que las cosas cambiaran, no mejoraron. La apertura democrática que permitió la transición en el gobierno federal no pasó por la procuraduría; primero la alcanzó la necesidad de perseguir al crimen organizado. Responder a esa amenaza fue el pretexto para postergar la evolución de nuestro sistema acusatorio.
La Fiscalía Nacional de Colombia, por el contrario, priorizó los derechos procesales, en una perspectiva de garantía constitucional, justo para hacer creíble ante los ciudadanos la lucha contra el narcotráfico.
Volvamos a la pregunta: ¿Arturo Chávez Chávez debe ser ratificado por el Senado como nuevo procurador? Depende. Si la PGR no va a abandonar su andamiaje autoritario, muy poco importará el personaje que pongan al frente. En cambio, si la Presidencia y el Senado tienen en mente a la Constitución, por encima de la política de seguridad del gobierno, entonces —como sugirió el ministro Juan Silva Meza— se necesitará de un personaje con un perfil y una trayectoria inmaculadas en la protección del estado de derecho.
No habrá candidato perfecto si antes la PGR no se convierte en lo que siempre debió ser: un protector del cumplimiento cabal de las leyes.
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