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Emplazan a ex gobernador de Chiapas para enfrentar demanda
El ex secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Florencio Madariaga, entabló un proceso judicial contra Pablo Salazar, por delitos en procuración de justicia

Autoridades judiciales de Chiapas emplazaron legamente al ex gobernador aliancista Pablo Salazar Mendiguchía (2000-06) para que responda a una demanda por daño moral y prisión injusta, interpuesta por el ex secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública del gobierno de la entidad, Florencio Madariaga Granados.

El ex funcionario estatal en el gobierno del priista Roberto Albores Guillén (1998-2000), fue acusado de peculado por más de 900 millones de pesos por la entonces Fiscalía General del Estado, a cargo de Mariano Herrán Salvatti, quien actualmente es procesado por el gobierno del perredista Juan Sabines Guerrero, en el penal El Rincón de Tepic , Nayarit.

Madariaga Granados informó que el exhorto del juez 53 de lo civil del Distrito Federal fue turnado al juzgado civil de Chiapas y se emplazó a que el ex gobernador responda a los cargos, el próximo 12 de noviembre.

Madariaga Granados quien fungió también como ex subprocurador General de Justicia del Estado en ese periodo, fue recluido en prisión por más de 2 años y medio en cárceles de España -donde fue aprehendido y extraditado- y el penal El Amate del municipio de Cintalapa, junto con otros ex colaboradores cercanos de Albores Guillén.

El abogado y doctor en derecho penal internacional, con especialidad en extradición, informó que Pablo Salazar enfrenta además tres demandas penales por delitos relacionados con la procuración y administración de justicia.

En estas averiguaciones previas- FEDEPAJ y/ CPA/ 003, 009, 0038- están acusados también el ex fiscal Herrán Salvatti, el ex titular del poder Judicial del estado, Milton Escobar Castillejos y los ex directores de Asuntos Relevantes de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, Gilberto Castellanos y Marcelo Vega, respectivamente.

Florencio Madariaga aseguró que por las acusaciones criminales imputadas y el proceso penal en su contra, el gobierno español lo consideró reo de alta peligrosidad y lo confinó a prisiones infrahumanas de máxima seguridad al lado “de los criminales más buscados de Europa”.

A la fecha no puede tramitar su visa en Estados Unidos porque el gobierno de aquel país lo mantiene en su lista de extraditables, pese a que presentó la constancia de sentencia de libertad absolutoria.